California PERB Bolsters Workers’ Rights

Public sector workers in California won a major victory this month, thanks in large part to the work of the USW.

Late last year, an administrative law judge sided with the USW on a case involving a decertification effort at Oak Valley Hospital District in Oakdale, Calif.

The 220 members of Local 12-911 remained in the union, but there was still a concern that the decision put workers’ long-term collective bargaining rights in jeopardy.

On Sept. 10, California’s Public Employees Relations Board (PERB) remedied this, reversing the basis of the decision and ruling that public sector employees covered under California’s Meyers-Milias-Brown Act (MMBA) must have an election before an employer can withdraw union recognition.

Elections not petitions

Holding elections – rather than relying on petitions – is important. People are not always sure what they’re signing when they have a petition thrust in front of them, and the process is susceptible to intimidation and forgery.

In the case of Oak Valley, the decertification effort was led by a few disgruntled workers who felt that people with certain jobs should receive much higher wage increases than others.

“A lot people got misled,” said Mendy Muniain, who serves as a steward. A description labeling the petition as a decertification was on the top sheet, but there were many pages stapled together in a packet, leaving subsequent pages bearing nothing but signatures.  Some who signed thought the petition was about the contract.

The process of gathering signatures was also fraught. “We had one person who was really aggressive,” Muniain said. “They would harass people so many times that people would sign the petition just to make them go away because they thought it would go to a vote anyway.”

When the local started clarifying what was happening, many members were unhappy, Muniain said. “We had some people who wanted to take their names back but the decertification group would call them names.”

Elections help eliminate these concerns.

Solidarity in a diverse unit

The Oak Valley unit is made up of a wide variety of workers, including nurses, housekeepers, building engineers, dietary staff, radiology and mammography technicians and billing clerks. 

Muniain said she thinks it’s telling that after the Supreme Court’s Janus decision, only a handful of workers have opted out of paying dues.

“This was really just about a few people who were really upset. They just wanted their 8 percent raises, and they didn’t want people to get the same as they got,” she said. “Most of us understand that the tiered system hurts retention. It hurts us all.”

California’s labor laws are distinctive in the protections they offer public sector workers, and the recent PERB decision offers a strong precedent to bolster those rights.


En español:

La Junta de Relaciones de Empleo Público de California respalda los derechos de los trabajadores

Los trabajadores del sector público de California obtuvieron una victoria importante este mes, en gran parte, gracias al trabajo de la USW.

A fines del año pasado, un juez de derecho administrativo se puso del lado de la USW en un caso relacionado con esfuerzos por anular una certificación en el Oak Valley Hospital District de Oakdale, California.

Los 220 miembros de la Asociación profesional (Local) 12-911 permanecieron en la asociación, pero aún existía la preocupación de que la decisión pusiera en peligro los derechos de negociación colectiva a largo plazo de los trabajadores.

El 10 de septiembre, la Junta de Relaciones de Empleo Público de California (PERB, por sus siglas en inglés) remedió esto al revertir la decisión y resolver que los empleados del sector público amparados por la Ley Meyers-Milias-Brown (en inglés, MMBA) de California deben tener una elección antes de que un empleador pueda retirar el reconocimiento de la asociación.

Elecciones; no solicitudes

Celebrar elecciones, en lugar de basarse en las solicitudes, es importante. Las personas no siempre están seguras de lo que están firmando cuando tienen una solicitud delante de ellos y el proceso es susceptible de intimidación y falsificación.

En el caso de Oak Valley, los esfuerzos por anular la certificación fueron liderados por unos cuantos trabajadores descontentos que sentían que las personas con ciertos trabajos deberían recibir aumentos de salarios mucho mayores que otros.

«Mucha gente se sintió engañada», declaró Mendy Muniain, quien se desempeña como representante sindical. En la hoja superior se encontraba una descripción que etiquetaba la solicitud para anular la certificación, pero había muchas páginas engrapadas juntas en un paquete, y se dejaban las páginas subsiguientes con nada más que firmas.  Algunas de las personas que firmaron pensaron que la solicitud era acerca del contrato.

El proceso de recolección de firmas también estuvo lleno de incertidumbres. «Hubo una persona que fue realmente agresiva», señaló Muniain. «Hostigaban tanto a las personas que finalmente terminaban firmando la solicitud para que los dejaran tranquilos porque pensaban que se realizaría una votación de todos modos.

Cuando la asociación empezó a aclarar lo que estaba sucediendo, muchos miembros se mostraron molestos», agregó Muniain. «Había algunas personas que querían retirar sus nombres, pero el grupo que pedía anular la certificación los insultaba».

Las elecciones ayudan a eliminar estas preocupaciones.

La solidaridad en una unidad diversa

La unidad de Oak Valley está compuesta por una amplia variedad de trabajadores, que incluye a enfermeros, personal de limpieza, ingenieros de la construcción, especialistas en nutrición, técnicos de radiología y mamografía y empleados de facturación.

Muniain expresó que ella piensa que después de la decisión acerca de Janus por parte de la Corte Suprema de los EE. UU., solamente un puñado de trabajadores optaron por dejar de pagar la cuota sindical.

«Esto fue solo acerca de unas cuantas personas que estaban muy molestas. Simplemente querían sus aumentos del 8 % y no querían que otros obtuvieran lo mismo que ellos», agregó. «La mayoría de nosotros comprende que el sistema escalonado perjudica a la retención. Nos daña a todos».

Las leyes laborales de California tienen particularidades en las protecciones que ofrecen a los trabajadores del sector público y la decisión reciente de la PERB proporciona un precedente importante para respaldar esos derechos.

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